No me considero un fiel devoto de lo que es el poder judicial, ni de los jueces, ni mucho menos de las sentencias. El primero es una maquina más del Estado susceptible de ser corrompida y abusada. El segundo no dejan de ser personas, con opiniones, de carne y hueso. Y las terceras son el resultado o la expresión de ese mecanismo aplicado por parte de esas personas, por tanto susceptibles de error, dando en el mejor de los casos soluciones subóptimas.

En relación con esto último, considero que la crítica y reflexión fundamentadas hacia las sentencias son un ejercicio sano y necesario de control, con el objetivo de minimizar los errores y abusos que se pudieran cometer en el proceso. Sin embargo, de la misma manera que se establece esa actitud crítica y de vigilancia hacia el poder judicial para preservar los derechos y libertades de los ciudadanos, también se puede hacer para socavarlos. 

Así por ejemplo, con el polémico caso de “La Manada”, se ha dejado a un lado esa crítica sana y objetiva a la que me refería para reemplazarla por algo mucho peor que es la justicia popular. Nos encontramos en una espiral de decadencia, en la que desde las tribunas periodísticas, desde redes sociales… se pretende violar el concepto de justicia y los procedimientos que garantizan su cumplimiento.

En un primer momento tenemos que comprender lo que es el significado de justicia en su versión más clásica, la cual entendemos como el conjunto de normas que regulan la vida de las personas estableciendo sus derechos y obligaciones. Por tanto, el sistema judicial será el encargado de establecer qué consecuencia se le impone a un determinado hecho en base a estas normas. Este concepto de justicia suele tener unas características que vienen a ser la igualdad, la universalidad y la generalidad. Esto da lugar al reconocimiento de los mismos derechos y deberes en idénticas situaciones. A su vez, esta igualdad da lugar a la necesidad de un procedimiento imparcial de resolución de conflictos, sin discriminación de ningún tipo. 

Pues bien, frente a esta visión clásica de justicia ha ido surgiendo durante estos días la maquiavélica visión populista de la misma, dando lugar a que la opinión publica (que viene a ser la del grupo social que más repercusión mediática tiene) es la que debe dictar veredicto, otorgando y quitando derechos y libertades a unos y a otros, convirtiendo así al pueblo en juez y verdugo. Nótese que no hablo de criticar la resolución de determinados conflictos en base a las sentencias: hablo de equiparar lo que es justo (o sea, lo que recoge nuestro ordenamiento como justo) con lo que quiere la mayoría y su sentido de la justicia. 

En esta situación resulta irremediable que nos planteemos tirar el Código Penal a la basura y crear un sistema por el cual las personas sean juzgadas por periódicos y redes sociales. Basta ya de romper el principio de imparcialidad en determinados procesos. ¿Acaso estamos ciegos como para no ver que los jueces son personas y como tales susceptibles de emociones, impulsos, incoherencias, etcétera? A lo mejor deberíamos plantearnos si el principio “in dubio pro reo” debería de ser sustituido por el “ius ad populum” (el derecho para el pueblo).

En definitiva, no quiero entrar en detalles sobre la sentencia de “La Manada”. Lo que quiero es que visualicemos el asalto político, apoyado por la turba, al poder judicial. Un poder que debería ser imparcial e independiente, y que por presiones lo que al parecer se pretende es subyugarlo y en última instancia empeorarlo. No se mejora la justicia con el pueblo y las instancias políticas socavando principios básicos que garantizan tus derechos y tus libertades.

Artículo escrito por Alberto Rodríguez Reyes, estudiante de Derecho en la ULL.